La Medida Provisional 910, conocida como la medida de apropiación de tierras o de regularización de tierras, que busca regular alrededor de 600 mil predios rurales hasta el año 2022, puede ser votada en el Congreso Nacional brasileño esta semana, después de que el patrocinador del proyecto de ley, el diputado Zé Silva llegó a un acuerdo con el líder del Congreso, Rodrigo Maia.
La medida se enfrenta a la reacción de los ecologistas, la oposición, la Conferencia Nacional de Obispos (CNBB) e incluso el Ministerio Público Federal. En caso de que el proyecto de ley no sea aprobado por ambas cámaras del poder legislativo (Congreso y Senado) hasta el 19 de mayo, expirará.
Según la organización de defensa de los derechos a la tierra Terra de Direito, así como otros expertos que hablaron con Brasil de Fato, la medida temporal, dictada por Jair Bolsonaro en diciembre del año pasado, supuestamente promueve la regularización de las zonas rurales de propiedad estatal, pero "es un claro intento de regularizar las tierras públicas que ya han sido ilegalmente apropiadas".
En realidad, el Ministerio Público (MPF) llegó a publicar varios estudios en los que se destacaban las irregularidades y las cuestiones constitucionales contenidas en el proyecto de ley de regularización de tierras.
Para Gilmar Mauro, de la dirección nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), el presidente Bolsonaro está cometiendo un acto "criminal" al proponer la medida "en un momento en que gran parte de la población brasileña no tiene ni siquiera 100 metros cuadrados para construir una casa, la mayoría de los brasileños están sin trabajo y al borde del hambre y la miseria mientras nos enfrentamos a una pandemia".
Mauro señala que si es aprobada por el Congreso, la ley transferirá el control de más de 65 millones de hectáreas de tierra a los latifundistas. "Se trata de una superficie 2,5 veces mayor que la del estado de São Paulo y 7 veces mayor que la de Portugal", explica, añadiendo además que la aprobación de la medida en este momento significará la destrucción de la Amazonia.
Gilmar Mauro recuerda que los latifundistas brasileños se constituyeron sobre la base de la apropiación de tierras. "En la historia de este país, el "grilagem" de tierras, es decir, la falsificación de documentos por parte de los grandes propietarios para establecer la propiedad de la tierra, ha sido la norma. A través de esto, se formó la élite terrateniente brasileña, junto con sus "jagunços", mercenarios armados, que ayudaron a extinguir a los pequeños agricultores".
Amazonía
La deforestación en la región ha aumentado un 64% hasta abril de este año en comparación con el mismo período en 2019, según los datos publicados el pasado viernes(9) por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE). El instituto ve una correlación directa entre este aumento y la pandemia, ya que la aplicación de la ley ha disminuido debido a las medidas de aislamiento social.
En uno de los cuatro estudios técnicos elaborados por la Procuraduría General de la República que fue enviado a los parlamentarios, el Ministerio Público afirma que la ley transitoria promueve "el agravamiento de los conflictos en las zonas rurales, incentiva las prácticas ambientales ilegales y resuelve el problema de la asignación de tierras públicas sin debatir importantes parámetros constitucionales, como la funcionalidad social de la propiedad, el principio de igualdad de derechos e imparcialidad istrativa, el principio de proporcionalidad, las políticas agrícolas y de reforma agraria, el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, así como los derechos relativos a la salud, la seguridad y el ocio".
En un comunicado de prensa, el arzobispo Walmor Oliveira de Azevedo, presidente de la Conferencia Nacional de Obispos, pide "sentido común en lo que respecta a la medida temporal 910, que trata de la reforma agraria". Es un tema complejo, que involucra bienes del Estado, cuestiones ambientales, acaparamiento de tierras y, en consecuencia, la violencia en el campo, así como diferentes intereses especiales".
