El presidente Lula sancionó, el pasado martes 31 por la tarde, una ley que crea una pensión especial de un salario mínimo (aprox. 265 USD) para los huérfanos de mujeres víctimas de feminicidio. La medida tiene como objetivo beneficiar a los niños y dependientes cuyo ingreso familiar mensual per cápita sea de hasta el 25% del salario mínimo, lo que corresponde a R$ 330 (aprox. 60 USD) en valores actuales. La política establece que todos los hijos que tuvieran menos de 18 años en la fecha del fallecimiento de su madre tienen derecho a la ayuda, y el beneficio deberá concederse previa solicitud siempre que existan "pruebas fundadas de materialidad del feminicidio".
"Es necesario asegurar que las personas que son víctimas de violencia no vean a sus hijos abandonados por el Estado. Si el Estado no cuidó a la persona y permitió que fueran víctimas, el Estado necesita al menos asumir la responsabilidad de cuidar a los niños", argumentó el mandatario, al comentar el asunto durante una transmisión virtual que tuvo lugar la mañana del martes.
La nueva ley estipula que, si la resolución final de un caso judicial demuestra que no hubo feminicidio, se deberá suspender inmediatamente el pago del monto. En este tipo de situaciones, los beneficiarios no están obligados a reintegrar los montos recibidos a las arcas públicas, salvo casos de demostrada mala fe. La norma también determina que la pensión no puede acumularse junto con prestaciones del Régimen General de Seguridad Social (RGPS) ni con regímenes de seguridad social propios o del sistema de protección social de los militares.
Los gastos creados por la ley estarán vinculados al área de asistencia social del Ejecutivo y, por lo tanto, deberán ser previstos anualmente en la Ley de Presupuesto Anual (LOA) enviada al Congreso Nacional. Según la nueva norma, el beneficio debe ser abonado por el Estado hasta que el hijo de la víctima cumpla 18 años. Aprobada por la Cámara de Diputados en marzo y por el Senado en octubre de este año, esta política es resultado de un proyecto de ley presentado por la diputada Maria do Rosário (Partido de los Trabajadores – Rio Grande do Sul).
"Estos niños han sufrido el mayor dolor posible, que es la pérdida de sus madres. Y estas madres tal vez, en el momento más difícil de sus vidas, tratando de librarse de la violencia, se preocuparon, entre todo el dolor, por cómo quedarían sus hijos ante la muerte inminente", reflexionó durante una conversación con Brasil de Fato.
El aumento de los casos de feminicidio llama la atención en el país cada año. Datos del Monitor de Violencia, creado a través de una alianza entre el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), el Centro de Estudios sobre Violencia de la Universidad de São Paulo (USP) y el portal de noticias G1, muestran que el número aumentó un 5% entre 2021 y 2022, por ejemplo, cuando se reportaron 1.400 crímenes de este tipo. La cifra incluye los 26 estados brasileños y el Distrito Federal, e indica que se trata de la estadística más alta de casos desde la creación de la Ley de Feminicidio (Ley nº 13.104/2015).
"Muchos niños quedan huérfanos de madre y todas las investigaciones indican que el feminicidio es cometido en gran parte, en el 97,8% de los casos, por la pareja actual o anterior de la víctima, es decir, el padre de estos niños o su padrastro, por lo que estos niños cuya madre fue asesinada por feminicidio también perdieron a su padre", comenta Maria do Rosário, para quien la ley sancionada por Lula es una forma de acoger a los huérfanos.
"Estamos hablando de niños y adolescentes que están solos en el mundo. Y cuando una abuela, una tía, una familia extendida quiere asumir la responsabilidad de cuidarlos, pero son una familia extremadamente pobre, muchas veces no pueden hacerlo, porque económicamente no tienen el apoyo necesario", afirma la autora de la ley.
"Estamos, por lo tanto, creando este apoyo, en un intento de arrojar luz sobre esto para mostrar que el feminicidio tiene a una mujer como víctima, pero sigue haciendo víctimas todos los días en la vida de estos niños, especialmente cuando están institucionalizados, cuando terminan en albergues, cuando están lejos de toda la familia, porque la familia no puede hacerse cargo de ellos por diversas razones, incluidas las económicas", concluye la diputada.
