Uno de los principales aspectos en el primer día del juicio de la Masacre de Paraisópolis en el Foro Penal de Barra Funda, en la zona oeste de la ciudad de San Pablo, fue el relato de dos testigos que afirmaron que las víctimas de la acción policial llegaron sin vida al hospital en la madrugada del 1 de diciembre de 2019.
“Las dos médicas que declararon fueron muy contundentes al afirmar que las víctimas llegaron muertas al hospital. Debido a eso, concluimos que la policía manipuló la escena del crimen. Las víctimas fallecieron en Paraisópolis y los agentes de policía transportaron los cuerpos de manera indebida, alterando la escena del crimen”, dijo a Brasil de Fato Dimitri Sales, presidente del Consejo Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos (Condepe) la noche del martes (25).
Sales señala que los relatos de las testigos confirman la tesis del Condepe de que el operativo policial, en el cual fueron asesinados nueve jóvenes que estaban en el Baile de DZ7, en el barrio de Paraisópolis, habría sido premeditado por la Policía Militar del Estado de San Pablo con la intención de criminalizar el baile "por venganza" tras la muerte de un teniente de la corporación.
“Estamos muy convencidos de que las testigos contribuyeron enormemente a la tesis de que la policía armó previamente un operativo incumpliendo los protocolos y, en consecuencia, asumiendo el riesgo de lo que sería el resultado del operativo, las nueve muertes”, dice Sales. “Por lo general, las testigos confirman la tesis de que los policías actuaron con dolo eventual y por lo tanto deben ser juzgados por un jurado popular”, defiende el presidente del Condepe.
'Criminales uniformados están matando a nuestra gente'
Este miércoles por la mañana, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos se reunieron para pedir justicia y exigir la responsabilización de los policías militares.
“Criminales uniformados están matando a nuestra gente. Queremos vivir. Si fueran hijos de gente de plata, sería otra situación. Lamentablemente, todos eran de la periferia”, dice Maria Cristina Quirino, madre de Denys Henrique, una de las nueve víctimas fatales.
De los 31 policías militares que participaron en el operativo, solo 12 fueron imputados y ahora serán juzgados. Para los familiares de las víctimas y su defensa, el Estado y los organismos públicos fueron conniventes con la letalidad policial.
Durante el acto, Quirino lamentó que una de las líneas adoptadas por la defensa sea la criminalización del funk y los jóvenes asesinados. “Eso ya lo intentaron en un principio, cuando la Justicia Militar pidió el examen toxicológico de nuestros hijos, intentando alegar que la posible causa de la muerte era que estaban bajo los efectos de estupefacientes. Este intento es otra narrativa más que usan para criminalizar [a los jóvenes] y desvincularse del crimen que cometieron”.
La Masacre de Paraisópolis
En la noche del 1 de diciembre de 2019, las redes sociales fueron tomadas por imágenes de la violencia promovida por el Batallón 16 de la Policía Militar de San Pablo en el baile Dz7, en la comunidad de Paraisópolis, región sur de la ciudad de San Pablo.
En la ocasión, la Operación Pancadão, promovida reiteradamente por el Estado, provocó la muerte de nueve jóvenes entre 14 y 23 años. El caso se conoció como la Masacre de Paraisópolis.
La mayoría de los jóvenes murieron asfixiados luego de que la policía lanzara spray de pimienta y bombas de gas, acorralando a los participantes del evento. Uno de ellos murió a causa de un traumatismo.
En la Justicia Militar, Asuntos Internos de la Policía Militar investigó la conducta de 31 agentes de la corporación que participaron en la acción. El organismo concluyó que los agentes no causaron la muerte de los asistentes al baile.
Las víctimas que salieron a divertirse y jamás regresaron son: Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 años; Bruno Gabriel dos Santos, 22; Eduardo Silva, 21; Denys Henrique Quirino da Silva, 16; Mateus dos Santos Costa, 23; Dennys Guilherme dos Santos Franco, 16; Gustavo Cruz Xavier, 14; Gabriel Rogério de Moraes, 20; y Luara Victoria de Oliveira, 18 años.
