Al lado de su quiosco a la orilla del mar, Simião Barbosa, presidente de la Asociación de Pescadores y Similares de la Población de la desembocadura del Río Doce, termina la construcción de un barco. "Quiero usarlo para transportar personas entre las dos bocas del río, porque pescar no podemos", dice.
La ruptura de la represa de residuos de la Samarco, en la ciudad de Mariana, en Minas Gerais, que afectó a gran parte de la cuenca del Río Doce, es considerado el mayor desastre ambiental de la historia del país. Casi dos años después, las comunidades pesqueras aun viven sus impactos y rumian incertidumbres.
“El modo de vida y la reproducción económica de las comunidades tradicionales dependen de una relación armoniosa, basada en el respeto entre ser humano y naturaleza. Si la naturaleza es impactada, automáticamente la comunidad es impactada. Y la readaptación no siempre se da de forma armoniosa como era antes”, explica el sociólogo Hauley Vallim, morador de la villa de Regência, en la desembocadura del río, y unos de los coordinadores de una investigación sobre los impactos sociales en la región.
La desestructuración sociocultural es compleja, influenciando diversos aspectos de la vida de pescadoras y pescadores. Se perdió el rumbo, se perdió la forma de vida, el lugar de trabajo y ocio, los rituales cotidianos como el preparar de la red, cuidar del barco y hasta las historias de pesca para contar.
Es difícil conversar con moradores de las comunidades afectadas sin encontrar un cierto aire de desesperanza sobre el futuro. “La naturaleza es lenta, la naturaleza no tiene prisa”, filosofa Seu Simão. “Nuestro paso es por poco tempo en relación a ella. Vamos a morir de viejos y no veremos el río limpio de nuevo”.
Sin trabajo, sin recreación y sin perspectivas de recuperación del río, el tempo ocioso vira una agonía para algunos que acostumbraban pasar buena parte del día pescando. La depresión y el alcoholismo son señalados como una consecuencia de ese proceso, conforme diversos relatos de pescadores capixabas [naturales de Espirito Santo] y mineros a este reportaje de Brasil de Fato. Algunos también alertan sobre el aumento del uso de drogas, violencia y prostitución.
Foto: Vitor Taveira
Auxilio de emergencia
Incluso en los lugares en que los no hay prohibición de pesca, muchos prefieren no arriesgarse a pescar. E incluso aunque lo hagan, difícilmente conseguirán vender el pescado, pues debido a la sensación de desconfianza sobre contaminación de los animales, la compra de pescado cayó mucho en los mercados.
Responsable por los proyectos de recuperación del río luego del acuerdo entre la SAMARCO y los gobiernos de Minas Gerais y Espírito Santo, la Fundación Renova reconoce que hay estudios contradictorios sobre la calidad del agua y de los peces y espera tener, dentro de 60 días, un nuevo dictamen más amplio y conclusivo.
“Haremos una acción de comunicación para informar a la sociedad sobre el diagnóstico. Queremos promover acciones de inserción calificada en el mercado, inclusive agregando la perspectiva social en el consumo de ese pescado”, dice Paulo Rocha, líder de los programas de economía e innovación de la Renova.
La pérdida de la renta es el daño más visible y el primero sobre el que hay que dar respuestas. Después de acuerdos entre SAMARCO, poder público y judicial, los afectados reciben un auxilio de emergencia de un salario mínimo, más el valor referente a una canasta básica, además de un adicional de 20% del salario por dependiente. La Fundación afirma que actualmente un total de 8,1 mil personas reciben la tarjeta de auxilio, siendo que 5,4 mil de estos son pescadores. Otras actividades económicas también fueron afectadas directa o indirectamente como la agropecuaria, el turismo y el comercio.
Aumento de los conflictos
En muchas comunidades, sin embargo, hay quien no recibe y requiere el derecho al auxilio. Otros reclaman que el valor es inferior a lo que ganaban con la pesca. En municipios como São Mateus, en el litoral norte capixaba, pescadores reivindican su condición de afectados, sin embargo la región no estaba incluida en el acuerdo inicial y nadie recibe aun la tarjeta-auxilio.
El cambio en la condición de renta impacta el arreglo económico, quitando autonomía a la población local, que pasa a depender de agentes externos.
Los relatos en las comunidades hablan de conflictos intrafamiliares y comunitarios debidos al recibimiento o no de apoyo. El hecho de que los procesos son individuales y sin un plazo previsto para una respuesta definitiva, aumenta la tensión entre los moradores.
La Defensoría Pública constató un escenario generalizado de mucha inseguridad en el registro, lo que ha generado estrés y rompimiento de la malla social, división de las comunidades, fricciones y sentimiento de animosidad”, señala Rafael Portella, defensor público de Espírito Santo.
La investigación ya mencionada indica que, en la mayoría de las familias, los hombres salen a pescar y las mujeres trabajan en la limpieza y comercialización del pescado y generalmente son responsables por la gestión financiera. Con el beneficio, esta cuestión se invierte, pues la tarjeta es entregada al portador de registro de pesca, generalmente el hombre. Además de eso, la renta que antes venía conforme el trabajo de cada día, hoy llega mensualmente en depósito único.
Buscando articular pescadores y comunidades afectadas a lo largo del Río Doce, organizaciones sociales realizaron un seminario conjunto en Povoação, municipio de Linhares (ES) | Foto: Ingrid Campos
Organizar para regenerar
“Individuos enfermos, impactados, entristecidos, no tienen condiciones de cuidar de si, cuanto menos de ayudar a cuidar de los problemas comunitarios. Y comunidades debilitadas no tienen condiciones de promover regeneración de nada, cuanto más de un río y en las proporciones del daño causado”, dice Hauley Vallim, que también es un de los organizadores del Festival Regenera Río Doce.
Integrante del Consejo Pastoral de Pescadores, Ormezita Barbosa evalúa que hay un proceso de dispersión, con varios grupos organizados pero no muy articulados entre sí. “Eso dificulta pensar una agenda más fuerte y una acción de forma estratégica para incidir conjuntamente y no como cada grupo propone”. Ella participó, a fines de junio de este año, en una caravana y un seminario con pescadores afectados de toda región del Río Doce y considera que esas iniciativas son fundamentales para mejorar la articulación política.
Frente al escenario preocupante, el defensor público del estado cree que la movilización social es fundamental para garantizar los derechos de las personas y comunidades afectadas. “Nuestro trabajo ha sido aclarar a las comunidades y empoderarlas con información que les ayude en la movilización social. Aunque estemos listos para acciones judiciales – ya hay decenas de ellas – las respuestas pueden ser muy lentas. Confrontar al poder político y utilizar el sistema de gobernanza ya creado puede ser más eficiente”.
Un ejemplo es la reivindicación de los pescadores en São Mateus. “A través de la lucha popular conseguimos que se realizasen investigaciones que reconocen nuestras comunidades como afectadas”, dice Eliane Balke, integrante del Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales de Brasil (MPP). Las reparaciones, sin embargo, aún están siendo negociadas.
Por lo que todo indica, el río y las comunidades aun precisarán de tiempo para regenerarse.
