El jueves pasado (1º), el Supremo Tribunal Federal (STF) aprobó la decisión de autorizar al gobierno federal la venta de refinerías de Petrobras sin necesidad de anuencia del Congreso Nacional. El movimiento contrario a la privatización de la estatal continua movilizándose contra la agenda económica de la gestión de Bolsonaro.
Es lo que afirma el técnico de operaciones en petróleo Alexandre Finamori, que trabaja en la Refinería Gabriel os (REGAP), en Minas Gerais, y actúa en la dirección del Sindicato de Trabajadores en la Industria del Petróleo en el estado (Sindipetro-MG).
El petrolero destaca el hecho de que la decisión del Tribunal Supremo tiene carácter provisional, a pesar de que el tema aún no tiene fecha prevista para volver a la agenda de la Corte para que juzgue el mérito del caso.
“Ante esto, nuestra tarea es ir a las calles, conversar con la población, llevar los datos técnicos, las informaciones técnicas necesarias, es articular con la sociedad civil organizada, porque todo el cuerpo amplio de la sociedad tendrá perjuicios con la privatización”, frisa.
El señala que, a pesar de que la respuesta del Supremo favorece un trámite más rápido para las ventas, la batalla contra las privatizaciones tiene que seguir en el mismo ritmo y resalta que la tarea de "ir a la sociedad para esclarecer los males de las privatizaciones" es anterior a la decisión del STF y permanece en el horizonte de los trabajadores.
“Mientras el STF no de la medida provisional, nuestra tarea continua la misma, de esclarecer a la sociedad sobre la importancia que tiene mantener a Petrobras como estatal, y una Petrobras con una función social”, resalta Finamori.
El discurso de Finamori también es reforzado por el presidente del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de Petrobrás, senador Jean Paul Prates (Partido de los Trabajadores -Rio Grande do Norte), que afirma que el grupo ya comienza a “expandir la interlocución con la sociedad” respecto al tema.
“No somos un movimiento exclusivo de parlamentarios de izquierda, contamos también con nombres de centro y de derecha, todos preocupados con la prerrogativa constitucional del Congreso y con el enredo que esa maniobra del gobierno va a generar. Las consecuencias serán severas, y es nuestro papel avisar”, dijo a Brasil de Fato.
Para Prates, la comprensión de que la batalla político-jurídica aún no llegó a su fin es fundamental en el actual momento, en que el gobierno mira centenas de empresas públicas para su entrega a la iniciativa privada y la decisión del STF es vista por la gestión como otra señal verde para la agenda ultraliberal del ministro de la Economia, Paulo Guedes.
“El periplo del Poder Executivo, movilizando ministros para fazer lobby, demuestra la importancia de la cuestión para el proyecto económico del gobierno. Los impactos en el mercado financiero fueron grandes, y el gobierno está alardeando causa finita, mas no es verdad. Todavía habrá decisión sobre el mérito, oportunamente", resalta Prates.
Mário Dal Zot, uno de los directores de la Federación Única de Petroleros (FUP) y presidente de la Asociación de Petroleros Accionistas de la Petrobras (Anapetro), defiende que es preciso hacer entender a la sociedad las razones políticas y económicas que hacen que la especulación afecte el bolsillo del ciudadano ante lo que produce la Petrobras.
“Brasil hoy, si quisiera, de un plumazo del presidente, reduce el precio de los combustibles – del diésel, de la gasolina, del gas de cocina – en todo el país. [Jair Bolsonaro] no hace eso porque no quiere, y cada vez se va a volver más dependiente. Entregando las refinerías al capital privado, ahí es que no va a tener ninguna autonomía para mover eso”, argumenta.
Lista
El objetivo del gobierno es vender ocho refinerías. Dos de ellas, la Presidente Getúlio Vargas (Repar), en Paraná, y la Landulpho Alves (RLAM), en Bahia, ya se encuentran en proceso de desestatización. Las demás que que figuran en la lista son: Abreu e Lima (RNEST), en Pernambuco; Presidente Alberto Pasqualini (REFAP), en Rio Grande do Sul; Gabriel os, en Minas Gerais; Isaac Sabbá (REMAN), en Amazonas; Lubrificantes y Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), en Ceará; y la Unidad de Industrialización do Xisto (SIX), en Paraná.
El presidente del Frente Parlamentario de Defensa de Petrobras considera que hay “simplismo” del gobierno al conducir la discusión sobre las ventas. El subraya que “las refinerías tienen impactos locales diferentes y consecuencias distintas en el gran arreglo para el abastecimiento”.
“El gobierno está queriendo colocar que son refinerías iguales e intercambiables, que monopolizan el mercado. Tonterías, el mercado ya está abierto. La iniciativa privada puede entrar cuando quiera, lo que están haciendo es sabotear la opción estratégica de la actividad pública”, critica el parlamentario.
La gestión de Bolsonaro ha defendido la desestatización de las refinerías de la Petrobras con el argumento de que es preciso reducir la participación estatal en la economía y las deudas de la compañía. Considerando las empresas federales, la petrolera es la que tiene el mayor número de subsidiarias, con un total de 35.
