En este artículo la autora sostiene que el techo de gastos hiere de muerte no sólo a la población brasileña, que se encontrará más desprotegida en un período de grave crisis económica, si no que además hiere, especialmente, a la democracia.
Antes de centrarme en el argumento principal de esta reflexión, a saber: que el techo de gastos hiere y asfixia democracia, quiero realizar algunos comentarios de orden más general.
El primero de ellos es que la aprobación de la Enmienda Constitucional nº 95, en 2016, partió de una premisa equivocada.
Si bien es cierto que desde el año 2014 Brasil entró en desequilibrio fiscal –es decir, la gente pasó a gastar más de lo que ganaba–; es cierto, también, que para solucionar ese desequilibrio la gente tendría, por lo menos, dos caminos.
Sin embargo, después de habernos insistido tan machaconamente con el tema, la idea de que el Estado no puede gastar más de lo que recauda, la gente dedujo –como si de una obviedad se tratase–, que el ajuste de ese desequilibrio tendría que realizarse, necesariamente, recortando gastos.
¿Es posible que en este momento usted se haya parado a pensar que si un Estado gasta más de lo que recauda, podría solucionar ese desequilibrio recaudando más? Sin embargo, simplemente como ejemplo, aunque sirve para ilustrar lo que estoy defendiendo: es posible que usted no haya hecho esa reflexión.
¿Por qué? Sencillamente porque pensamos que en economía sólo hay un camino posible, como si la economía fuera una ciencia puramente técnica o neutra.
En primer lugar, ¡corregir el gasto primario del Estado con la inflación del año anterior no tiene ningún sentido! No existe ningún paralelo de ese tipo de regla fiscal en el mundo. La razón es que en momentos como este, en que la inflación está muy baja porque las personas están desempleadas y, consecuentemente, apenas consumen, Brasil tendrá una inversión real en 2021 mucho más pequeña de la que tuvo el año anterior.
En segundo lugar, es cierto que incluso podría haber un techo de gastos; pero, como mínimo, tendría que estar vinculado a variables como el crecimiento económico y el crecimiento de la población, no a la inflación del año anterior. El techo corregido por la inflación no tiene ninguna relación con las principales variables macroeconómicas.
En tercer y último lugar, el techo de gastos hiere de muerte no sólo a la población brasileña, que quedará más desprotegida en un periodo de grave crisis económica, si no que hiere, extraordinariamente, a la democracia.
El argumento que sostuvo la emergencia del neoliberalismo fue, precisamente, el de que las experiencias de estado de bienestar social incurrieran en un “exceso de democracia”, lo que derivó en una grave crisis económica en esos países en los años 1970.
Alegaban lo siguiente (y vea la actualidad de ese argumento): el estado nacional fue “secuestrado” por los intereses particulares de los agentes corporativos, principalmente los sindicatos y los movimientos sociales, que reivindicaban más derechos y más políticas sociales.
Por esa razón, el Estado fue obligado a elevar su volumen de gastos, porque estaba sometido a las presiones políticas de esos agentes, lo que generó inflación que, a su vez, derivó en la crisis. La conclusión es: ponga al “mercado” como árbitro, manteniendo las decisiones políticas alejadas de las presiones sociales.
Ocurre, amigos míos, que eso que ellos llaman “presiones políticas y sociales”, son la esencia de la democracia. En definitiva, detrás de ese argumento y de esa absurda regla fiscal del techo de gastos, se esconde quién va a decidir cuánto y dónde el Estado emplea sus recursos, esa es la ley, esa es la ley el “mercado”.
Eso significa vaciar al estado nacional brasileño de política. Con esas medidas, lo que estamos haciendo es atar las manos de los gobernantes a las reglas fiscales, lo que les impide aplicar un conjunto de políticas sociales que son el clamor de las urnas.
De aquí a un tiempo, votar para presidente va a ser como a votar para presidente de la comunidad, es decir, alguien que apenas tiene otro papel que el de regular las relaciones vecinales y sus intereses dispares. Eso es un atentado contra la democracia. Definir mediante ley, a priori, el montante de variación del gasto social, es delegar una decisión soberana en los “técnicos” que inventaron esa regla fiscal. A pesar de que a esos “técnicos” no los votamos. Y eso es antidemocrático.
La presión política de la sociedad, de los movimientos sociales, del movimiento sindical, por ejemplo, no es otra cosa que el libre ejercicio de la ciudadanía activa y democrática, en el sentido de que es el papel de la sociedad brasileña definir, soberanamente, el horizonte de la política económica, apuntando dónde, cómo y cuánto tendrá que ser el gasto social en cada una de las políticas sociales.
