El presidente Jair Bolsonaro (sin partido) decretó, el pasado miércoles (6), una acción de Garantía de la Ley y del Orden (GLO) que da poder a las Fuerzas Armadas sobre todas las operaciones contra deforestación ilegal e incendios en la Amazonía.
Las GLO son operaciones de seguridad autorizadas por el Poder Ejecutivo con la participación de fuerzas de seguridad como las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, que se llevan a cabo en teoría en situaciones de grave perturbación del orden público, cuando las fuerzas tradicionales de seguridad pública (policías estaduales sobre todo) se agotan.
Con el decreto nº 10.341, Bolsonaro retira la autonomía de órganos de protección ambiental antes responsables por las acciones, como el IBAMA y el ICMBIO, y los coloca bajo la tutela de los militares – en especial, del ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo e Silva, que ahora tiene la palabra final sobre las operaciones.
La GLO tiene validez de 11 de mayo a 10 de junio, en la zona de frontera, en las tierras indígenas, en las unidades federales de conservación ambiental y en otras áreas federales de la Amazonía, conforme el decreto.
Bolsonaro permite “acciones preventivas y represivas” a los militares y da al ministro de Defensa el poder de decisión sobre cuales instituciones participarán en las fiscalizaciones y sobre cuales “medios disponibles” serán asignados.
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Servidores del IBAMA consultados para este reportaje, imposibilitados de hablar debido a amenazas internas, dicen temer que el decreto imposibilite iniciativas independientes, por parte de los fiscales, para cohibir ataques al medio ambiente en la Amazonía, ya que ahora necesitarán de la anuencia de los militares.
GLO y autoritarismo
Desde el año pasado, el presidente ha declarado su intención de ampliar la aplicación de acciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), con el uso de las fuerzas armadas, especialmente en acciones de restitución de la tenencia contra movimientos que luchan por la reforma agraria.
El tema volvió al debate nacional, a fines de noviembre de 2019, con la presentación por el gobierno de un proyecto de ley que propone la ampliación de la exclusión de ilegalidad para militares que actúen en operaciones de GLO.
