Ricardo camina desviando de una serie de objetos esparcidos por el matorral: una mochila sucia, una linterna rota, diez cepillos de dientes de colores. Se preservan los objetos en el mismo sitio desde hace seis meses: un claro localizado en el medio rural de la pequeña ciudad de Pau D’Arco, en Pará, estado de la región Norte de Brasil, donde ocurrió la mayor matanza agraria de las últimas décadas, de la cual Ricardo es uno de los sobrevivientes.
El día 24 de mayo de este año, Ricardo – nombre ficticio para preservar la identidad de la víctima – se quedó inmóvil por horas, escondido en esta misma vegetación mientras 17 policías torturaban y asesinaban a disparos a diez campesinos acampados en el lugar, entre ellos, siete campesinos de la misma familia.
La brutalidad de la masacre de Pau D’Arco (nombre con el que es conocida ) repercutió nacionalmente e indignó a organizaciones defensoras de los derechos humanos. También el sadismo de los policías involucrados, 15 de los cuales ahora están en prisión preventiva, tras las conclusiones de la investigación de la Polícia Federal.
El campesino cuenta que no se olvidó de lo que ocurrió ese día, cuando volvió al campamento tras la toma de posesión, junto a otros campesinos y a la presidenta de la Asociación de Trabajadores Rurales Nova Vitória, Jane Julia de Oliveira.
Al encontrar el campamento destruido, decidieron refugiarse de la lluvia en el claro. En la mañana del día siguiente, los policías sorprendieron a los campesinos, supuestamente buscando a los culpables por el asesinato de un guardia de seguridad en la región de la hacienda Santa Lúcia, lugar de la masacre.
Foto: Júlia Dolce
Ricardo y otros 16 sobrevivientes de la masacre lograron escapar del lugar. Ricardo participó del Programa de Protección de Víctimas y Testigos Amenazados de Pará (Provita – PA por sus siglas en portugués) y cuenta que su vida se ha transformado
Sin la perspectiva de vivir en el medio urbano, Ricardo volvió a vivir en el campamento hoy llamado Jane Julia, en homenaje a la líder asesinada e intenta reconstruir su vida, aunque en medio de los destrozos.
Se contó la historia de los campesinos a representantes de una Misión Ecuménica que visitó el área este mes para verificar la situación de los acampados, ellos resaltaron la miseria y la falta de saneamiento básico como problemas fundamentales del lugar.
Según el coordinador regional de la Liga de Campesinos Pobres (L), José Dias, uno de los líderes del campamento, la lentitud del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria para garantizar la distribución de las tierras entre los campesinos es el principal problema de la ocupación.
Desde que el crimen ocurrió, el proceso de venta de la Hacienda Santa Lucía para fines de la reforma agraria fue acelerado, con ocho audiencias realizadas hasta ahora. Sin embargo, ante las divergencias alrededor del valor a ser pagado a la propietaria del inmueble, la empresaria Maria Inez Resplande de Carvalho, el juez de la Jurisdicción Agraria de Redención, ciudad próxima a Pau D’Arco, concedió una nueva medida provisional de toma de posesión.
La indemnización a los familiares de las víctimas es otra de las grandes batallas en el caso. Entre los afectados está Verónica Pereira Milhome, madre de dos víctimas de la masacre. Verônica sufre de diabetes crónica y de enfermedad renal y dependía financieramente y físicamente del cuidado de sus hijos.
Con una pierna amputada hace un mes – resultado de una caída cuando vivía sola – Verónica acariciaba una foto de uno de sus hijos en la conversación con el reportaje.
Hoy a Verónica la cuida un sobrino, Regis Marcos Pereira da Silva, que también perdió a su hermano en la masacre. La familia lucha para que el Estado se responsabilice por el crimen e indemnice a los familiares de las víctimas. Regis muestra el último regalo que recibió de su hermano asesinado, una camiseta del club de fútbol brasileño Palmeiras y relata que echa de menos a su hermano y que siente mucha angustia debido al crimen.
Abogados del caso relatan que aunque se hayan realizado audiencias con el gobierno de Pará, las familias se encuentran desamparadas. Otro punto señalado por los abogados es que aunque la policía haya presentado las conclusiones de la investigación, una importante parte está inconclusa: la participación de los hacendados de la región en el crimen.
La importancia de esa etapa de la investigación fue comentada por el Fiscal de la Justicia Leonardo Jorge Lima Calda, de la Fiscalía Pública, uno de los responsables por la denuncia del caso.
La persecución y la difamación de las víctimas, de sus familiares y de los demás campesinos sin tierra son frecuentes. Ante esta realidad, para el fiscal, el Poder Judicial debería realizar la última fase del proceso, el tribunal popular, a ser realizado en la capital de Pará, Belém. El objetivo del tribunal es evitar la influencia de los empresarios rurales de Pau D’Arco. Sin embargo, no hay una fecha para juzgar a los policías involucrados en el caso.
