El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) fue liberado este viernes (8), después de 580 días de encarcelamiento en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba.
La justicia expidió la orden de libertad en respuesta a la solicitud presentada por la defensa del ex mandatario en el marco de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que determinó el último jueves (07) que la prisión de un acusado sólo puede ser autorizada después de agotar la apelación en todas las instancias, lo que no ha sucedido en el caso de Lula.
Lula visitará la Vigilia “Lula Libre”, un campamento montado en las cercanías de la sede de la Policía Federal desde donde los manifestantes denuncian la prisión política del líder del Partido de los Trabajadores, y después irá a São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, donde vive.
De acuerdo con la ley, Lula ya podría estar en régimen semiabierto, pero se había negado a pedir la conmutación de su pena por entender que eso lastimaría su dignidad. "Quiero que sepan que no acepto regatear mis derechos ni mi libertad”, afirmó el ex presidente en esa ocasión.
El centro de la defensa del ex presidente ahora, según los abogados del petista, Cristiano Zanin Martins y Valeska Martins, es pedir que el Tribunal Supremo juzgue los habeas corpus que piden la nulidad del proceso del "triplex de Guarujá", en los cuales requieren la inhabilitación del ex juez Sergio Moro y de los fiscales de la Lava Jato y señalan "innumerables irregularidades".
Antecedentes
El ex mandatario fue encarcelado el día 7 de abril de 2018, después de que fuera decretada su prisión por el entonces juez de la Lava Jato, el actual ministro de Justicia, Sergio Moro.
La orden de captura fue expedida después del agotamiento de los recursos en segunda instancia y, aprovechando el fallo del STF – revertido este jueves (7) – que garantizaba la posibilidad de prisión para los condenados en segunda instancia.
Antes de presentarse ante las autoridades de Curitiba, el ex presidente hizo un discurso emocionado a la militancia petista y de movimientos populares de izquierda que cercó el lugar donde estaba, el sindicato de los Metalúrgicos de la región del ABC del estado de São Paulo.
Lula prometió resistir a la injusta prisión y seguir luchando para probar su inocencia. "No sirve de nada que intenten evitar que yo camine por este país, porque ya existen millones de Lulas, de Manuelas, de Boulos. No sirve de nada intentar acabar con mis ideas, ellas ya están flotando en el aire y no tienen como prenderlas. No sirve de nada frenar mis sueños, porque cuando eso suceda, soñaré por sus cabezas", dijo.
Prisión política
El mismo Moro fue responsable por la condena del petista en la acción penal que se conoce como "caso Triplex", aplicando una pena de reclusión de nueve años y seis meses. La decisión de Moro sería confirmada, en segunda instancia, por la 8ª Sala del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), que amplió la pena a 12 años y un mes en régimen cerrado.
El 20 de septiembre de 2016, Sergio Moro aceptó una denuncia presentada por el MPF con base en el proceso n.º 5046512-94.2016.4.04.7000/PR. Armado con un informe de 59 páginas entregado por la Policía Federal, el fiscal Deltan Dallagnol afirmaba que Lula cometió los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero al recibir ventajas indebidas de la empresa contratista OAS.
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Un apartamento triplex en el edificio Solaris, en Guarujá, litoral paulista, habría sido reservado y reformado bajo la orientación de la familia del ex presidente. La denuncia también apuntaba a que Lula habría incurrido en crímenes al aceptar que la OAS almacenara su acervo presidencial.
Conforme describió el Ministerio Público Federal, el Grupo OAS distribuiría beneficios ilegales a del PT de forma sistemática para garantizar contratos con la Petrobras, como en el Consorcio CONEST/RNEST, en obras de la Refinería del Nordeste Abreu y Lima (Ipojuca-PE), y en el Consórcio CONPAR, en obras en la Refinería Presidente Getúlio Vargas (Araucária-PR). El pago total en coimas llegaría a R$ 87.624.971,26 (US$ 21.127.687). Cerca del 1% sería destinado a agentes políticos del PT. Lula habría recibido R$ 3.738.738,00 (US$ 901.455), valor equivalente a la reserva y reforma del apartamento.
El día en que mostró la denuncia a la prensa, Dallagnol exhibió una presentación en PowerPoint en la que describía a Lula como “comandante máximo” y “mayor beneficiario” de los esquemas de corrupción investigados por la Lava Jato.
