Por haber sido directamente del envío ilegal de mensajes contra el Partido de los Trabajadores (PT) enviadas para miles de s de WhatsApp, Jair Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal a la presidencia de Brasil, puede sufrir impugnación caso sea electo. Él puede ser penalizado aunque no se compruebe su participación directa en la acción.
Un reportaje investigativo publicado en el diario brasileño Folha de São Paulo este jueves (18) por la tarde, denunció que empresas pagaron para difundir masivamente mensajes contra el Partido de los Trabajadores (PT) por WhatsApp. Según la nota, las empresas organizan una gran acción online para la semana que antecede la segunda vuelta de las elecciones, que tendrá lugar el 28 de octubre. Estas acciones pueden ser consideradas ilegales, pues se configuraría como donaciones de empresas a campañas políticas.
“Se puede considerar todo eso como gasto ilegal de campaña y ser investigado en un proceso de abuso de poder económico. Las empresas están pagando la campaña, lo que es prohibido. El patrocinio de contenidos solo puede ser realizado por el candidato, partido o fórmula y en este caso son terceros que lo hacen. La suma de las dos cuestiones, con el montante divulgado, puede configurar abuso de poder económico. Lo que puede resultar en la impugnación de la candidatura y caso sea elegido, en la revocación de su mandato de presidente”, declara Daniel Falcão, abogado experto en derecho electoral digital.
Para bombardear centenas de millones de mensajes, cada contrato firmado alcanza R$ 12 millones, cerca de US$ 3,2 millones. Entre las empresas que compraron los servicios está la tienda de departamentos Havan, que pertenece a Luciano Hang, un empresario brasileño acusado de obligar a sus funcionarios a votar por Bolsonaro.
Falcão afirma que se puede interpretar la ley para que Bolsonaro sea penalizado aunque no se compruebe el vínculo directo entre el candidato y el delito de las empresas involucradas en el caso.
"Hay una polémica en relación a la necesidad de que se compruebe un vínculo entre la candidatura o asesores del candidato con los representantes de las empresas. Hay los que defienden que sea necesario comprobar un vínculo, o sea, mostrar que el candidato y sus asesores estaban informados de las irregularidades. Pero hay jurisprudencia en ambas visiones. Otros defienden que no hay que comprobar el vínculo, que es suficiente que haya influido en las elecciones y beneficiado claramente uno de los candidatos, para que sea castigado por eso. Si hay un vínculo, se vuelve más fácil la condenarlo", explica.
Las empresas utilizan bases de datos de s vendidas por agencias digitales o recogidas por el equipo del candidato ultraderechista. La ley brasileña autoriza solamente el uso de la lista de seguidores del propio candidato, a través de os enviados de modo voluntario.
Manipulación
El especialista señala el papel de las redes sociales en esta contienda electoral. “Las redes sociales nunca estuvieron tan optimizadas como hoy. Solo por eso estas elecciones son diferentes. Hay un candidato que es un diputado oscuro, del bajo clero, que en cuatro años hizo una campaña masiva por las redes sociales para convertirse en favorito en las elecciones presidenciales”.
También profesor de derecho electoral del Instituto Brasiliense de Derecho Público, él analiza las consecuencias de la denuncia realizada por el diario Folha de S. Paulo, que pueden no ser tan inmediatas.
“Puede haber un impacto en espacio público, caso la gente comprenda que esa irregularidad es grave a punto de votar por el candidato que se beneficia con esa irregularidad o si judicialmente se extiende el proceso para el próximo año , con la posibilidad de anular su mandato como presidente de la República, en el caso de sea electo”.
Entre las agencias digitales identificadas por el reportaje del diario como responsables por la difusión masiva de mensajes falsos están Quickmobile, Yacows, Croc Services y SMS Market. Sin embargo, en la rendición de cuentas de Bolsonaro aparece solo la empresa AM4 Brasil Inteligencia Digital, que recibió cerca de US$ 31 mil por servicios digitales.
Los valores de los servicios varían entre R$ 0,08 a R$ 0,12 (US$0,02-0,03) por cada mensaje enviado para los os del candidato y entre R$ 0,30 a R$ 0,40 (US$ 0,08-0,11) por cada mensaje enviado a la base de datos de la agencia. Las agencias digitales ofrecen incluso segmentación por región geográfica y por clasificación de ingresos.
Reacciones
En Twitter, el hashtag #Caixa2doBolsonaro [#CajaBdeBolsonaro] alcanzó el primer lugar en los temas del momento [Trending Topics], con mensajes que denunciaron el acción de empresarios contra el Partido de los Trabajadores (PT.)
De modo indirecto, Mauro Paulino, presidente de Datafolha, mencionó el impacto efectivo de la acción de los empresarios en la primera vuelta. Los sondeos evidenciaron la fuerza del patrocinio en los momentos que antecedieron la votación. Los estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais y Distrito Federal son algunos de los ejemplos. Cuando se compara la intención de votos en la víspera de las elecciones, divulgados por Ibope y Datafolha, y los votos reales, se explicita el fenómeno”, escribió en su cuenta de Twitter.
El candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, principal blanco de las noticias falsas en estas elecciones, afirmó que acudirá a la Justicia para enjuiciar a las empresas involucradas. Para él, el episodio muestra una vez más que Bolsonaro irrespeta la democracia.
“Nosotros vamos a solicitar que la Justicia Electoral y la Policía Federal tomen todas las providencias oportunas para que esos empresarios corruptos sean inmediatamente detenidos para impedir la difusión de esos mensajes por WhatsApp. Ya sabemos los nombres de los empresarios, de las empresas, los contratos, los valores pagados a través de caja B. Él [Bolsonaro], que huye de los debates, no va a poder huir de la Justicia”, afirmó Haddad en un video.
En una nota, el Partido de los Trabajadores afirma haber presentado una solicitud en la Policía Federal para que se investiguen “las prácticas criminales de Bolsonaro”.
“Se trata de una acción coordinada para incidir en la contienda electoral, que la Justicia no puede ignorar o quedar impune. Estamos tomando todas las providencias oportunas para que sea responsabilizado por sus crímenes, entre ellos, el uso de caja B, pues los gastos millonarios en la industria de mentiras no fueron declarados por su campaña”, afirma el texto.
“Los métodos criminales del diputado Jair Bolsonaro son intolerables en una democracia. Las instituciones brasileñas tienen el deber de actuar en defensa de la integridad en el proceso electoral. Las redes sociales no pueden asistir a una difusión de mentiras y ofensas, convirtiéndose en cómplices de la manipulación de miles de s”, denuncia la nota del PT.
