En poco más de seis meses, el gobierno de Michel Temer, surgido de un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, está bañado de denuncias de corrupción y en medio de un escenario de empeoramiento de la crisis económica en el país. El número de trabajadores desempleados debe aumentar del actual 12% para el 14% en el 2017. Solamente la industria de São Paulo prevé el despido de 150 mil personas el próximo año. Y la economía no da señales de reacción, con el Producto Bruto Interno (PBI) sufriendo la cuarta caída consecutiva en el año y con pocas perspectivas de crecimiento en el futuro.
Como respuesta a ese ambiente, el gobierno intenta aprobar medidas del llamado “ajuste fiscal” que afectarán la garantía de derechos sociales y pueden comprometer las condiciones de vida de la población, especialmente a los sectores más pobres. Con la aportación definitiva de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 55, el pasado jueves (15), el presupuesto en salud, educación, saneamiento básico, transporte y todos los otros servicios públicos quedará congelado por los próximos 20 años.
Ahora, la última noticia es la reforma del Sistema de Seguridad Social que, si es aprobada de la forma en que fue presentada por los sectores oficialistas, va a obligar a las personas a trabajar por 49 años para recibir la jubilación integral, además de imponer una edad mínima de 65 años para recibir el beneficio y establecer reglas para dificultar las jubilaciones de los trabajadores rurales.
Ese programa económico, que no pasó por las urnas, está siendo dictado por un presidente cada vez más vinculado a denuncias de corrupción. La resonante declaración premiada de ex directores de la empresa constructora Odebrecht ya comenzó a tener efectos.
Temer es acusado de recibir recursos provenientes de coimas de aquella firma. Recientemente, el asesor y amigo particular de Temer, el abogado José Yunes, pidió la renuncia del cargo en la Casa de Gobierno, después de su nombre haber sido citado en la declaración premiada del ex ejecutivo Claudio Melo Filho. Según la declaración, parte del envío de 10 millones de reales [3 millones de dólares] realizado por la constructora al PMDB, a pedido de Temer, fue entregado en efectivo en el escritorio de Yunes.
El presidente niega la acusación, pero ya comenzó a enfrentar resistencias en su base de apoyo social y parlamentaria, que lo han sustentado en el poder hasta ahora. Se especula que, si aumenta la presión, Temer puede hasta renunciar o sufrir un proceso de desplazamiento del cargo que, de ocurrir el año próximo, va a permitir que el Congreso Nacional, con más de la mitad de los parlamentarios vinculados a escándalos, escojan de forma indirecta a otro presidente de la República.
Elecciones presidenciales
Para enfrentar esa combinación de problemas que golpea al país, los movimientos populares definieron con prioridad la reivindicación de elecciones directas para presidente de la República el próximo año, además del enfrentamiento a la reforma del sistema de seguridad social. Es lo que definió, de forma unitaria, la Plenaria Nacional del Frente Brasil Popular (FBP), que reunió a más de 300 integrantes de movimientos durante la semana pasada, en Belo Horizonte, capital de estado de Minas Gerais (MG).
“Brasil vive una profunda crisis política con agotamiento de la República, que no puede ser resuelta al margen de la voluntad popular”, afirmó el periodista Igor Felippe Santos, integrante del Frente Brasil Popular en el Distrito Federal. “Después del desplazamiento de una presidenta electa, las clases dominantes quieren decidir el futuro del país e imponer un programa de quita de derechos, debilitamiento del Estado social y privatizaciones”, denunció.
Para Igor, la realización de elecciones directas en el actual contexto de crisis es necesaria para colocar al pueblo brasileño de vuelta al “juego político”. “Las clases dominantes no tienen legitimidad de cambiar la Constitución sin presentar sus propuestas en un proceso electoral para el pueblo decidir si es favorable o contrario a esas reformas”.
Movilización Popular
El Frente Brasil Popular aprobó una plataforma de lucha social que además de exigir la elección directa para presidente de la República, debe centrar esfuerzos en manifestaciones contra la retirada de los derechos de los trabajadores, el desmonte de la educación, salud y seguridad social, aun de la defensa de las libertades democráticas, por una reforma política y por la soberanía del país. “Esos programas del gobierno de Temer de retirar derechos laborales, privatizaciones de empresa públicas y entrega de nuestros recursos naturales beneficia apenas a las grandes empresas capitalistas. Existe además una fuerte preocupación con la consolidación de medidas de excepción, con el incumplimiento del derecho de defensa, a la presunción de la inocencia y al habeas corpus, que muchos llaman como Estado de Excepción”, apuntó Igor Felippe.
El calendario de movilizaciones debe comenzar en enero del 2017 y se intensificará a lo largo del año, de acuerdo con integrantes del FBP. El auge de la lucha será el 8 de marzo. A mitad del año está prevista una gran marcha a Brasília, que debe partir de todas las regiones del país, haciendo un debate con la población directamente en los barrios y municipios.
Traducción: María Julia Giménez
